Lagier:
“El Gobierno del PP debe dar marcha atrás en una medida inoportuna, injusta y
discriminatoria
Héctor Lagier, secretario provincial del PA, ha mostrado el “total rechazo y oposición” de los andalucistas ante
las nuevas tasas judiciales anunciadas por el Ministerio de Justicia y que el
Gobierno de Mariano Rajoy tienen previsto aplicar próximamente”.
Lagier dijo que
“aunque el Gobierno de Madrid justifica esta alarmante subida de las tasas como
medida para descongestionar los juzgados, lo que va a lograr es que muchos
ciudadanos y ciudadanas no puedan acceder a un derecho constitucional, como es la
tutela judicial efectiva para todos”. “En el momento en que se establecen unas
tasas, se está cercenando la posibilidad de muchos ciudadanos de acceder a esa
tutela constitucional de sus derechos, máxime en estos tiempos de dura crisis
que estamos viviendo y con la situación que atraviesan miles de ciudadanos que
incluso no disponen de unos ingresos mínimos para la supervivencia digna”,
explicó.
El dirigente andalucista dijo que la aplicación de
esas tasas que pretende el PP “supone una clara limitación de la Constitución,
del espíritu recogido en su artículo 119, y del propio Estatuto de Autonomía de
Andalucía que establece en su artículo 29 que “En el ámbito de sus
competencias, la Comunidad Autónoma garantiza la calidad de los servicios de la
Administración de Justicia, la atención de las víctimas y el acceso a la
justicia gratuita”.
“Por esas razones – dijo – el PA ha empezado a tramitar en los
Ayuntamientos de los municipios de la provincia de Cádiz y del conjunto de
Andalucía una propuesta para que el
Ministerio de Justicia del Gobierno rectifique y se retrotraiga a la aplicación
de las tasas judiciales anteriores a la Ley 10/2012 de 20 de noviembre para
asegurar la igualdad de todos los ciudadanos en la atención judicial y el fácil
acceso a la misma”.
Como se expone en la moción
andalucista “con la puesta en marcha de esta medida, el acceso a la Justicia
será paradójicamente injusto, ya que éste quedará reservado sólo para aquellos
que se lo puedan pagar. Un simple vistazo a la tabla de nuevas tasas basta para
dejar claro que derechos tan básicos como interponer un recurso quedan ahora
fuera del alcance de muchos bolsillos. Con las nuevas tasas, interponer
demandas o recurrir sentencias en el orden civil, social o contencioso
administrativo nos costará dinero a todos, oscilando la cifra entre los 150
euros y los 1.200 euros que supondría llegar en casación hasta el Tribunal
Supremo.
“El Gobierno del PP debe tener en consideración
la situación actual que estamos viviendo y dar marcha atrás en una medida
inoportuna, injusta y discriminatoria”, reiteró el secretario provincial del
PA, Héctor Lagier.